Acaba de ser publicado un artículo en la revista Frontiers in Sustainable Food Systems, titulado Desmantelamiento de institucionalización y Políticas de Estado como garantes de la Seguridad Alimentaria en Venezuela. Implicaciones de inocuidad alimentaria. Es un tema que consideramos de interés, y por ello, queremos hacerle llegar a los lectores de MiradorSalud, partes del mismo, en varias entregas, y adaptadas a su formato y estilo. El objetivo de los autores del trabajo fue describir, a través del caso venezolano, cómo se puede desmantelar la infraestructura de seguridad alimentaria de un país. En el artículo se aborda la creación y desarrollo de instituciones dedicadas a promover la seguridad alimentaria y la nutrición y el reciente desmantelamiento del sector; la creación, características y debilidad del programa CLAP; y la actual crisis de inseguridad alimentaria, así como intentos de brindar ayuda humanitaria a la población venezolana. Los autores consideraron una gran oportunidad, y un deber, el que estos aspectos presentados en un artículo arbitrado por pares y descritos desde la perspectiva de evidencia científica e histórica constatable, pudiesen presentarse desde esa importante plataforma, y contribuir globalmente con mayor información sobre el caso venezolano.
Un poco de historia
Hasta la Segunda Guerra Mundial, Venezuela era un país rural con un mínimo desarrollo de las instituciones públicas. El Ministerio de Salud y Bienestar Social y el Instituto Nacional de Higiene (INH) fueron creados en 1936 y 1938, respectivamente. A principios de la década de 1940, la desnutrición infantil era un problema extendido y la población en general no recibía un suministro de alimentos adecuado y equilibrado. La primera encuesta de nutrición realizada en Venezuela evaluó la situación nutricional de los habitantes de “El Guarataro”, un barrio de Caracas de bajos ingresos. Los resultados de este estudio impulsaron el desarrollo de una red nacional de comedores populares donde la clase trabajadora podía comer un almuerzo completo a un precio muy reducido; además, los escolares comenzaron a recibir un vaso de leche diario y / o un almuerzo gratis en sus escuelas.
La fotografía muestra el titular de un periódico que celebra la apertura de un comedor escolar en 1943. Las comidas servidas incluían un vaso de leche para cada niño. Estos programas de intervención temprana llevaron a la creación en 1949 del Instituto Nacional de Nutrición (INN). A partir de este organismo se llevaron a cabo políticas sólidas y duraderas, que resultaron en una mejora sustancial de la desnutrición en niños hasta los 14 años.
En lo que respecta al suministro e inocuidad de alimentos, se realizaron dos encuestas alimentarias a nivel nacional, junto con la evaluación periódica de las condiciones de vida, estimadas a través de encuestas anuales realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y el Banco Central de Venezuela. Se realizaron numerosas campañas basadas en las directrices de nutrición alimentaria, la evaluación del estado nutricional de adultos y niños y la promoción de la lactancia materna. El INN también publicó las Hojas de Balance Nacional de Alimentos, las Tablas de Composición de Alimentos, las Tablas de Requerimientos de Energía y Nutrientes para la Población Venezolana, las guías alimentarias para varios grupos poblacionales, los informes de prevalencia de desnutrición y los Archivos de Nutrición de Venezuela que luego fueron convertidos en Archivos Venezolanos de Nutrición.
La seguridad alimentaria fue monitoreada de cerca por tres organizaciones: el INH; el Comité Venezolano de Normas Industriales (Normas COVENIN), que estableció una serie de estrictas regulaciones sobre alimentos manufacturados; y el Comité Nacional del Codex Alimentarius, que fue creado oficialmente en 2001. Por lo tanto, hasta principios del Siglo XXI, Venezuela tenía una legislación basada en la ciencia, objetivos nacionales claros de seguridad alimentaria, normas estrictas para la producción e importación de alimentos nacionales y un sistema de instituciones comprometidas con garantizar la calidad en cada eslabón de la cadena alimentaria, todos ellos coordinados por el Consejo Nacional de Alimentación, creado en 1995 por decreto presidencial pero cuyas actividades terminaron hacia 2003 cuando entró en juego el programa alimentario Mercal.
El INN comandó la guerra contra la desnutrición infantil severa. José María Bengoa en 1939 fue pionero en la creación de centros de recuperación para escolares desnutridos, como uno en un pequeño pueblo rural de Venezuela, en el que cuidaba a escolares tristes y demacrados. Años más tarde, la instalación de algunos centros de recuperación nutricional, financiados con fondos públicos o privados, casi eliminó la prevalencia de desnutrición severa. En 1991, una resolución del Ministerio de Salud (G-845) decretó que el reporte de los casos de desnutrición, evaluados por examen clínico o antropométrico, debería ser obligatorio. Sin embargo, desde 2007, no ha habido boletines oficiales publicados por INN.
En cuanto a la seguridad alimentaria, hubo una gran preocupación por parte de diferentes administraciones gubernamentales hasta la década de 1990. En 1940, el INH había creado el Laboratorio de Control de Alimentos; un año después se dictó el primer reglamento sobre alimentos y bebidas y se creó el registro de alimentos.
Desde 1975, tal como consta en la Comisión Consultiva Permanente de Nutrición Alimentaria en el Área Andina, los organismos de las Naciones Unidas (ONU) propusieron una estrategia para la planificación de una política de alimentación y nutrición compuesta por tres elementos: (a) promover el desarrollo rural integrado para mejorar la producción de alimentos y los ingresos familiares; (b) mejorar la combinación de alimentos producidos, su procesamiento y su distribución; y (c) enfatizar programas de intervención hacia grupos específicos,
Si bien en la planificación nacional se trató implícitamente el tema nutricional, fue solo en el V Plan Nacional (1976-1980) cuando se mencionó explícitamente por primera vez la “nutrición”, enfatizando su importancia para el desarrollo social y económico del país. Fue en el XI Plan de Nación, del año 1995, cuando se abordó por primera vez el tema de la seguridad alimentaria
Además, también se consideró la prevención de las deficiencias de micronutrientes, especialmente hierro. En 1993 se lanzó un programa para enriquecer las harinas de maíz y trigo, con diversas vitaminas y minerales, de carácter mandatorio de acuerdo a la Norma Venezolana Covenin 2135:1996, lo que resultó en una disminución significativa de la anemia. El Consejo Nacional de Alimentación fue creado en 1995 con la misión de asesorar al gobierno sobre las políticas necesarias para garantizar un adecuado suministro de alimentos, su acceso físico y económico y su óptimo aprovechamiento biológico por parte de toda la población.
Como se muestra en la Figura, la disponibilidad de energía de 1980 a 2008 fue solo ligeramente adecuada, ya que la mayoría de los valores fueron solo un 10-15% más altos que el requerimiento del país según las Hojas de Balance de alimentos 1980-2008 del Instituto Nacional de Nutrición, que se incrementó a 2,300 kcal / día hacia finales de 2000. No obstante, el acceso de la población a los alimentos disponibles fue desigual.
La planificación de políticas de seguridad alimentaria requiere información oportuna, confiable y fidedigna. El INN recopiló datos sobre el estado nutricional de la población y los publicó en boletines trimestrales y anuales de fácil acceso para el público en general. Este acceso ha sido limitado a partir de 2008, aunque ha continuado la recopilación de información relevante, más no se publica. Por tanto, existe un vacío manifiesto de información sobre el estado nutricional y alimentario de la población, tan necesaria en los momentos críticos que atraviesa el país.
La seguridad alimentaria tiene rango constitucional. Entonces, ¿qué ha pasado?
La República Bolivariana de Venezuela, renombrada así desde 1999, consideró la seguridad alimentaria como un derecho fundamental de la población (artículo 305 de la Constitución). A pesar de este avance fundamental, la obligación de cumplir con este mandato está muy por debajo de cualquier expectativa.
Tradicionalmente, los ministerios del sector de la salud operaban los programas y políticas de alimentación y nutrición. Actualmente, el INN está adscrito al Ministerio de Alimentación, y ahora, las políticas de seguridad alimentaria hacen hincapié casi exclusivamente en el suministro de alimentos, sin que la calidad parezca ser la prioridad.
Aparte de no cumplir con los requerimientos nutricionales, de inocuidad y calidad general de la población venezolana, adicionalmente, en los últimos años, la disponibilidad de alimentos tampoco ha sido suficiente. Hoy en día, la situación se ha deteriorado dramáticamente como lo indica una fuerte caída de la producción nacional de alimentos y una alta dependencia de las importaciones de alimentos, cuyos precios los hacen inaccesibles para la mayoría de los venezolanos.
Hace unos años, el país fue sacudido por el descubrimiento de cargas completas de alimentos podridos como resultado de importaciones descontroladas. Las quejas también son frecuentes en relación con alimentos cárnicos y avícolas mal refrigerados distribuidos a través de programas gubernamentales.
La prestación de importantes servicios públicos (agua corriente, electricidad y gas doméstico) limita la higiene del hogar y las prácticas habituales de cocina y pone en peligro la seguridad alimentaria y la salud del consumidor. Esto ha sido registrado hasta por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, y el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. El uso de leña para cocinar está creciendo incluso en las capitales de provincia.
Sociedades de epidemiología han reportado un aumento de brotes y casos asociados a enfermedades de transmisión alimentaria (ETA), concluyendo que el silencio oficial sobre la información epidemiológica no contribuye a reducir la amenaza de enfermedades infecciosas, agravada por la precaria situación de los servicios públicos y las condiciones ambientales. Los principales problemas incluyen la escasez de agua potable, la inadecuada recolección de residuos sólidos y tratamiento de aguas residuales, la proliferación de vectores, la contaminación de reservorios y fuentes de agua, la expansión del consumo informal de alimentos y bebidas, la escasez de alimentos básicos y el empobrecimiento de la población. población, lo que ha llevado al consumo de alimentos descartados.
En 2001, se creó el Comité Venezolano del Codex e inició sus operaciones dentro de la oficina de regulación y control de calidad del Ministerio de Comercio. Con esto, Venezuela dio un paso significativo para armonizar las regulaciones nacionales con las normas del Codex. Fue una comisión de corta duración, ya que sus actividades cesaron en 2006. Esto dejó a Venezuela sin una conexión adecuada con las normas y regulaciones internacionales en la comercialización de alimentos, particularmente en momentos cuando las importaciones nacionales de alimentos han aumentado drásticamente, la mayoría de las veces sin los controles de calidad e inocuidad requeridos.
La historia reciente está plagada de vaivenes, improvisaciones y fracasos, en las políticas socioeconómicas impulsadas por el gobierno venezolano, muchas de las cuales han impactado negativamente en la situación alimentario-nutricional de la población. Todo ello ha llevado al país a una profunda crisis humanitaria. En una próxima entrega continuaremos este análisis.
María Soledad Tapia, Andrés Carmona, Pablo Hernández y Syloide Rivas
Sobre los autores:
Andrés Carmona. Bioquímico, PhD en Nutrición, Profesor Jubilado, Instituto de Biología Experimental, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. Ex Secretario Técnico del Consejo Nacional de la Alimentación. Miembro de la Fundación Bengoa para la Alimentación y la Nutrición.
Pablo Hernández. Licenciado en Nutrición y Dietética. Magister en Nutrición. Especialista en Análisis de Datos en Ciencias Sociales. Profesor de Nutrición Humana Escuela de Nutrición y Dietética de la UCV. Miembro del Observatorio Venezolano de Salud, de la Fundación “5 al día” Venezuela, y de la Fundación Bengoa para la Alimentación y la Nutrición.
Siloyde Rivas. Médico, egresado de la UCV. Especialista en pediatría, nutrición en salud pública. Estudios en planificación alimentaria y nutricional. Investigadora independiente en nutrición y seguridad alimentaria. Consultora en organismos nacionales e internacionales.
María S. Tapia. Bióloga con master y doctorado en ciencias de los alimentos. Profesora Jubilada, Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. Miembro de la Fundación “5 al día” Venezuela. Miembro Correspondiente Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
Aquí el artículo original:
Front. Sustain. Food Syst., 18 February 2021 | https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.623603
