En esta ocasión finalizamos la discusión del artículo Desmantelamiento de institucionalización y Políticas de Estado como garantes de la Seguridad Alimentaria en Venezuela. Implicaciones de inocuidad alimentaria publicado en la revista Frontiers in Sustainable Food Systems. Ya se hicieron las entregas primera y segunda, adaptadas al formato y estilo de MiradorSalud. Continuamos con la última entrega y conclusiones del trabajo. En todos los casos se emplearon referencias que representaban evidencia constatable y publicada en revistas arbitradas de impacto.
Impacto en consumidores venezolanos en situación de vulnerabilidad y falta de protección en materia de inocuidad y seguridad alimentaria
La ausencia de información confiable de fuentes oficiales hace que sea muy difícil evaluar el estado actual de la población en materia de inocuidad y seguridad alimentaria. Bajo este escenario, tres de las mejores universidades venezolanas coordinaron sus acciones y desarrollaron la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) en un esfuerzo por brindar un conjunto independiente de indicadores nacionales, especialmente en seguridad alimentaria. La encuesta de 2014 incluyó solo preguntas limitadas para evaluar la información de ingresos; alrededor del 80% de los encuestados declaró que los salarios y otros ingresos monetarios no eran suficientes para comprar alimentos. Tres años después, utilizando una escala de seguridad alimentaria de seis ítems, se encontró que el 70,8% de los que respondieron la encuesta no disponían de alimentos suficientes en casa para cubrir sus necesidades. Sorprendentemente, en 6 de cada 10 hogares, al menos un adulto se fue a dormir con hambre porque no tenía comida ni dinero para acceder a ella. El valor absoluto de la inseguridad alimentaria fue del 80%, pero no se determinó su gravedad. En 2018, el grupo ENCOVI cambió la metodología de medición a la Escala de Seguridad Alimentaria de América Latina y el Caribe (ELCSA). Los resultados muestran una tendencia creciente de los hogares con inseguridad alimentaria: 88% en 2018, 94% en 2019 y 97% en el actual período COVID-19. Cabe señalar que las familias con inseguridad alimentaria moderada fueron las que más contribuyeron estadísticamente a este aumento (2018: 31%, 2019: 36% y 2020 COVID-19: 41%).
El gobierno venezolano invitó al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU a realizar una evaluación de la seguridad alimentaria en el país. Se aplicaron un total de 8.300 cuestionarios. Los resultados mostraron que un tercio de los venezolanos (32,3%) no comían lo suficiente, mientras que solo el 8% tenía seguridad alimentaria. Por tanto, se dedujo que el 92% de la población venezolana padece inseguridad alimentaria en cualquiera de sus grados (leve, moderada o alta).
El estado de inseguridad alimentaria está relacionado con un mal estado nutricional. Según FAO, para el intervalo 2014-2016, Venezuela tuvo una prevalencia de desnutrición del 6,4%. Este valor aumentó a 21,2% entre 2016 y 2018. Estos datos representan un aumento de tres veces la desnutrición durante el período indicado. Un informe anterior de ENCOVI reportó una pérdida de peso promedio en los respondedores, cercana a los 11 kg entre 2016 y 2017. El aporte calórico promedio registrado fue de 1.749 y 2.059 kcal para mujeres y hombres, respectivamente.
Otra consecuencia del estado de inseguridad alimentaria es la imparable migración. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en todo el mundo hay, actualmente, más de 5 millones de refugiados y migrantes venezolanos; uno de los principales impulsores de esta migración es el hambre, junto con las lamentables condiciones de vida.
Relación de iniciativas humanitarias recientes
Sobre la base de la ausencia de datos oficiales sobre el estado socioeconómico y de salud de la población venezolana y la situación humanitaria, un esfuerzo conjunto de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y Human Rights Watch, utilizando información de 2018 compartida a través de redes de informantes clave y una revisión de la literatura, evaluó la situación alimentaria y nutricional en Venezuela. También evaluaron si la crisis alcanzó los umbrales para una declaración de emergencia alimentaria. Concluyeron que se necesitaba con urgencia un amplio programa de intervención en Venezuela, sugiriendo un grupo tripartito compuesto por representantes del gobierno venezolano, agencias de la ONU y organizaciones de la sociedad civil para coordinar la prestación de asistencia humanitaria.
En 2019, el espacio humanitario en Venezuela se expandió a través de la adecuada instalación de la arquitectura de coordinación humanitaria internacional de la ONU, compuesta por OCHA, un equipo humanitario de país y un grupo para coordinar ocho clusters que se han activado formalmente, a saber, seguridad alimentaria y medios de vida; salud; nutrición; agua, saneamiento e higiene; protección (incluidas las áreas de responsabilidad de protección infantil y violencia de género); vivienda, energía y artículos no alimentarios (NFI); educación; y logística. Juntos, estos mecanismos están liderando la coordinación de la acción humanitaria en Venezuela.
La arquitectura humanitaria de la ONU y sus socios ampliaron las acciones con un Plan de Respuesta Humanitaria que brinda asistencia de cuidado y protección a 2,4 millones de personas en 2019. En 2020, la situación humanitaria en Venezuela sigue teniendo un impacto en el bienestar físico y mental, la vida condiciones y protección de los siete millones de personas que se estimaron tendrían necesidades humanitarias en 2019. El Plan de Respuesta Humanitaria para 2020 se amplió con la inclusión de un componente para mejorar el impacto sanitario y socioeconómico de la pandemia mundial de COVID-19.
Conclusión
En Venezuela, desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se puede documentar un intenso esfuerzo por desarrollar instituciones sólidas dirigidas a abordar los problemas crónicos de salud y nutrición. Como resultado de esto, durante muchos años, Venezuela fue reconocida como un país con una sólida infraestructura, no solo en políticas de nutrición y seguridad alimentaria, sino también en materia de educación, servicios de salud, vías de comunicación, electricidad y agua potable. Durante los últimos 20 años, los venezolanos han sido testigos de la destrucción progresiva de una amplia gama de instituciones: organismos públicos, industrias públicas y privadas, granjas ganaderas y agrícolas, universidades e instalaciones de investigación, y las redes nacionales de electricidad, gas doméstico y agua potable. La situación socioeconómica se puede describir en pocas palabras: bajos salarios, desempleo, pobreza, hambre, desnutrición y desesperanza. Para millones, especialmente los jóvenes, la alternativa ha sido el éxodo a otros países; los ancianos se han quedado atrás y dependen en gran medida de las transferencias de dinero de sus familiares que viven en el extranjero. La pandemia de COVID-19 ha empeorado las cosas para los migrantes venezolanos, dejándolos indefensos y con pocos recursos para mantener a sus familias en casa.
En el ámbito de este artículo, el desmantelamiento de instituciones destinadas a proteger el derecho constitucional a recibir un adecuado suministro de alimentos (en cantidad, calidad e inocuidad) ha colocado a los consumidores venezolanos en una situación de vulnerabilidad con poca o ninguna seguridad alimentaria. Las irregularidades aquí descritas hablan de un papel deficiente de las instituciones encargadas de velar por la calidad, seguridad y cumplimiento de las normas y regulaciones de los productos importados para la población venezolana. Aunque éticamente justificado ante esta severa crisis, el programa CLAP presenta varias distorsiones, desigualdades y falta de cobertura y eficacia que lo hacen prácticamente inútil. Se necesita desesperadamente asistencia humanitaria; sin embargo, debe promover el bienestar de las personas sin sumisión política. La tarea que tenemos por delante es inconmensurable. La reconstrucción de la institucionalidad perdida requeriría décadas. Miles de migrantes venezolanos con sólidos antecedentes profesionales deberían regresar para ayudar en el proceso de reconstrucción. Deben recuperarse las normas mundiales sobre la composición de productos esenciales, el etiquetado armonizado a nivel mundial y las reglamentaciones. La inocuidad y la seguridad alimentaria son preocupaciones fundamentales. Para lograrlo, necesitamos construir una amplia alianza de fuerzas activas (funcionarios del gobierno, políticos, comunidad científica y establecimiento militar) capaces de reconocer la importancia de esta situación de deterioro para proteger a la población venezolana. Los autores son conscientes de las limitaciones de este artículo: sin embargo, existen muchas limitaciones y dificultades para acceder a la información, no solo por razones políticas o institucionales, sino también por el cierre de bibliotecas y centros de referencia debido a las limitaciones económicas y la pandemia de COVID-19.
María Soledad Tapia, Andrés Carmona, Pablo Hernández y Syloide Rivas
Sobre los autores:
Andrés Carmona. Bioquímico, PhD en Nutrición, Profesor Jubilado, Instituto de Biología Experimental, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. Ex Secretario Técnico del Consejo Nacional de la Alimentación. Miembro de la Fundación Bengoa para la Alimentación y la Nutrición.
Pablo Hernández. Licenciado en Nutrición y Dietética. Magister en Nutrición. Especialista en Análisis de Datos en Ciencias Sociales. Profesor de Nutrición Humana Escuela de Nutrición y Dietética de la UCV. Miembro del Observatorio Venezolano de Salud, de la Fundación “5 al día” Venezuela, y de la Fundación Bengoa para la Alimentación y la Nutrición.
Siloyde Rivas. Médico, egresado de la UCV. Especialista en pediatría, nutrición en salud pública. Estudios en planificación alimentaria y nutricional. Investigadora independiente en nutrición y seguridad alimentaria. Consultora en organismos nacionales e internacionales.
María S. Tapia. Bióloga con master y doctorado en ciencias de los alimentos. Profesora Jubilada, Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. Miembro de la Fundación “5 al día” Venezuela. Miembro Correspondiente Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
Aquí el artículo original:
Front. Sustain. Food Syst., 18 February 2021 | https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.623603
