MiradorSalud desea compartir con sus lectores un documento reciente que recoge la postura de Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones y personas, en relación con los informes internacionales más recientes que visibilizan la situación alimentaria y nutricional en Venezuela.
Los informes contemplados son los pronunciamientos de Unicef en 2018 y también en 2019, el pronunciamiento de los relatores especiales de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (2018), la encuesta nacional de seguridad alimentaria del Programa Mundial de Alimentos – PMA- (2019), el Global Humanitarian Overview, el Global Report on Food Crisis (2020), el documento de FAO-CELAC, “Impactos potenciales de la pandemia por COVID-19 sobre la seguridad alimentaria en América Latina” (2020), y el Global Nutrition Report (2020).
Los documentos señalados dan cuenta de la precariedad de la situación alimentaria y nutricional en Venezuela, país con una de las peores crisis alimentarias del mundo y con necesidad inmediata de ayuda alimentaria externa para 9,3 millones de venezolanos que en 2019 estaban padeciendo de inseguridad alimentaria aguda, escenario que la pandemia del COVID-19 agravará aún más.
No obstante, el país ha recibido reconocimientos inexplicables por parte de las agencias internacionales en cuanto a avances en materia de seguridad alimentaria. Se han utilizado cifras sobre el estado nutricional de niños menores de cinco años cuya vigencia tiene una data de cinco a once años de retardo. El sistema de entrega y distribución de alimentos -CLAP- ha sido considerado como ejemplo en la mitigación de las disrupciones que se esperan en la distribución de alimentos en el contexto de la Covid-19, cuando este sistema de distribución ha sido investigado por corrupción a raíz de denuncias del propio gobierno venezolano y de los gobiernos de México, Colombia y Argentina. Por otra parte, este sistema viola de manera flagrante y consuetudinaria el derecho a la alimentación de los venezolanos, especialmente de los más vulnerables, debido a su marcado carácter excluyente.
Las agencias y organizaciones internacionales han realizado avances en cuanto a dar visibilidad a la información sobre el caso venezolano. Sin embargo, esto se diluye debido a un inadecuado manejo de la información que resulta contradictoria, desactualizada e incompleta. En nuestro país, esto incumple el mandato constitucional, artículo 58, donde se precisa que “la información debe ser veraz, oportuna e imparcial”. Conjuntamente, con todo lo anterior, hay disimulo y opacidad sobre la situación del hambre y la desnutrición en Venezuela, lo cual ha incidido negativamente en la estimación de las necesidades humanitarias de la población. Como consecuencia de lo expresado, se ha retardado la activación de mecanismos de respuesta, la movilización de fondos y la planificación humanitaria relevante que podría lograrse a través de la arquitectura humanitaria de Naciones Unidas instalada desde 2019 en Venezuela.
Las agencias internacionales presentes en Venezuela deben hacer mayores esfuerzos para una comprensión real y actualizada de la situación alimentaria y nutricional del país. Las acciones destinadas a la solución de la grave emergencia humanitaria deben ser perentorias ante la complejidad del problema que sufre la población venezolana; así como, adoptar las estrategias para operar en Estados frágiles causantes de daños humanitarios a gran escala.
La sociedad civil de Venezuela ha mantenido una actitud de estudio, alerta, vigilancia y denuncia constante sobre la situación alimentaria y nutricional que enfrentan los venezolanos. Ejemplo de ello: la Encuesta de Condiciones de Vida del venezolano (ENCOVI, 2014-2017), las declaraciones conjuntas de universidades, academias, ONG, y gremios ante FAO, e incluso, ante al entonces Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki Moon, la reacción a la débil respuesta y tímida exposición sobre la situación de Venezuela en el entonces reporte de Crisis Global sobre Crisis Alimentarias de 2017, la reciente exhortación a ONU-Hábitat para que incluya a Venezuela en la respuesta regional a la pandemia por parte de COVID-19, y la asistencia a las sesiones sobre salud y alimentación en Venezuela realizadas tanto en la CIDH, la OEA y los exámenes EPU y PIDESC.
Fundamentada en evidencias técnicas y científicas se ha denunciado el sistemático incumplimiento del Estado venezolano a sus obligaciones y responsabilidades en materia alimentaria y nutricional a través de acciones y omisiones que constituyen una violación de los derechos humanos de la población, sobre todo de la población más vulnerable, lo que se ha traducido tanto en inseguridad alimentaria, como en desnutrición aguda y crónica
Quienes suscriben este documento alzan su voz para exigir mayores esfuerzos por una comprensión real y actualizada de la situación alimentaria y nutricional del país, para que se tomen acciones destinadas a la solución de la grave crisis alimentaria y nutricional de Venezuela. Son monitores y testigos de un deterioro acelerado e irreversible, dolientes y titulares del derecho humano a la vida, a la salud, a la alimentación y a la libertad de información, por lo que ofrecen sus capacidades y la presencia que tiene en sus bases, para mantener informada a la comunidad internacional sobre la situación concreta de las poblaciones con las que trabajan muchos de los firmantes.
Aquí puede acceder al documento completo.
Aquí puede encontrar este artículo en inglés.
A manera de colofón, es imprescindible comentar que la situación alimentaria y nutricional en Venezuela es de tal gravedad que ha producido distintas reacciones de diversos sectores de la sociedad, el último de ellos es el pronunciamiento conjunto de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y la Academia Nacional de Medicina que consideran que en la actualidad, el problema de salud pública más grave que está afectando a la mayoría de los venezolanos es el hambre, y la consecuente desnutrición, lo cual determina una elevada vulnerabilidad ante diversos patógenos y enfermedades como el brote de coronavirus (COVID-19). Hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional para que dirija sus esfuerzos a corregir la grave dolencia que significa la desnutrición, con especial atención a la que afecta a nuestra niñez.
Aquí el documento:
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María Soledad Tapia