Regresamos en esta oportunidad al artículo Desmantelamiento de institucionalización y Políticas de Estado como garantes de la Seguridad Alimentaria en Venezuela. Implicaciones de inocuidad alimentaria publicado en la revista Frontiers in Sustainable Food Systems. Ya se hizo la primera entrega adaptada al formato y estilo de MiradorSalud. Continuamos con la segunda entrega compartiendo el relato sobre las creación, características y debilidad del programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), sustentándolo con referencias y fuentes varias de literatura.
Comité de Abastecimiento y Producción Local: Irregularidades desde varios ángulos institucionales
En un intento por mejorar los problemas de acceso y consumo de alimentos, en 2016, el gobierno realizó importantes esfuerzos y asignó enormes recursos para implementar un nuevo programa de distribución de alimentos. CLAP fue parte de un decreto presidencial de estado de emergencia. Este es un programa de subsidio indirecto de alimentos que distribuye bolsas de alimentos a varios segmentos de la población que deben registrarse en el programa para ser elegibles. CLAP originalmente asignaba un conjunto de alimentos básicos (harina de maíz pre-cocida, arroz, pasta, aceite, azúcar, leche en polvo, etc.) a través de juntas comunales y otras organizaciones controladas por el gobierno. Por su carácter, este programa ha sido considerado un instrumento de control social de la población motivado por razones políticas. Por ejemplo, la admisión o el rechazo de los beneficiarios es discrecional y supervisada de cerca por estas organizaciones.
Según datos de 2017, CLAP atendió alrededor de 12,6 millones de venezolanos; es claramente una cobertura insuficiente considerando que el 87% de los 28 millones de habitantes de Venezuela se encuentran en situación de pobreza. Además, a pesar de que el programa fue diseñado para una distribución mensual, la entrega real es errática; por ejemplo, el 53% de los beneficiarios reportaron frecuencias de distribución impredecibles, sin una periodicidad sostenida. Además, en comparación con la canasta de alimentos suministrada inicialmente, muchos productos han desaparecido de las bolsas, en particular las fuentes de proteínas animales, para incluir principalmente cereales.
En octubre de 2016, las industrias alimentarias venezolanas se vieron obligadas a vender hasta el 50% de su producción para la distribución de CLAP, afectando los canales comerciales regulares y excluyendo del sistema a la gran mayoría de la población. Dado que el volumen de alimentos requeridos no podía garantizarse solo a través de la producción nacional, se abrió un nicho a la importación de alimentos para favorecer un monopolio de empresas importadoras privadas venezolanas que se beneficiaron de un tipo de cambio diferencial altamente ventajoso. Esta avalancha de importaciones de alimentos fue resguardada por el decreto de emergencia económica que permitió regulaciones transitorias y laxitud en los procedimientos para eludir requisitos nutricionales y / o de calidad y favoreció diferentes formas de corrupción, como ha sido denunciado.
Harina de maíz transgénico importada de Brasil para los CLAP y otros detalles ¿fortificación?
Un ejemplo del desorden y falta de control en las importanciones se relaciona con los organismos genéticamente modificados (OGM). La siembra, uso, manejo y comercialización de OGM están prohibidos por la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y la Ley de Semillas de Venezuela. Sin embargo, la harina de maíz importada de Brasil (uno de los mayores productores de transgénicos de Sudamérica) está etiquetada como elaborada con maíz transgénico, hecho que contradice las regulaciones alimentarias venezolanas. Esto fue denunciado en gran parte de los medios de prensa nacionales. Esta situación no es nueva. Díaz y Galindo (2014), con el fin de detectar eventos asociados con OGM en semillas comerciales de maíz, muestrearon el 70% de los cultivares de maíz sembrados en 2011 por pequeños agricultores del país. Estos cultivares aparecieron en la lista de cultivares elegibles del Servicio Nacional de Semillas. Esta investigación representa el primer informe en Venezuela del uso de semillas transgénicas comerciales en cultivos de maíz. Los autores concluyen sugiriendo a las respectivas autoridades que sean creíbles, ya sea aplicando las leyes vigentes en la materia o actualizando la posición nacional sobre el uso de OGM en la agricultura. Entonces, si la siembra, uso y comercialización de organismos genéticamente modificados (OGM) están prohibidos en Venezuela ¿cómo es posible que algunas harinas de maíz importada de Brasil estaban etiquetadas como elaboradas con maíz transgénico, lo que contradice las regulaciones alimentarias venezolanas?.
La harina precocida de maíz es uno de los productos más indispensables del patrón alimentario venezolano siempre presente en el inventario CLAP. Algunas harinas de maíz, importadas, por ejemplo, de Brasil o México, no se sometieron a pruebas para verificar si cumplen con las regulaciones venezolanas sobre el contenido de proteínas y la fortificación de vitaminas y minerales. La fortificación de nutrientes fue requerida y promovida desde el sector oficial desde 1993, siendo de carácter obligatorio como lo establece la Comisión Venezolana de Normas Industriales, (Norma Venezolana Covenin 2135:1996 – Harina de Maiz Precocida), y su seguimiento y control estuvo a cargo del Instituto Nacional de Higiene y el Instituto Nacional de Nutrición. No obstante, en los últimos años, este requisito parece haberse pasado por alto en varias oportunidades.
Otro ejemplo crítico es la leche en polvo. Los consumidores que se beneficiaron del CLAP comenzaron a percibir problemas sensoriales conspicuos luego de consumir la leche en polvo que era distribuida por vía CLAP; muchos consumidores denunciaron a través de las redes sociales que algunos tipos de leches importadas de México eran salados, no formaban espuma y tendían a precipitarse y provocar diarreas en niños y adultos. Un importante portal de noticias se hizo eco de ello, lo cual condujo a una evaluación analítica y a un documento científico con los resultados de la composición nutricional de 14 marcas de productos lácteos mexicanos cuyas muestras fueron obtenidas en hogares y que fueron distribuidas por CLAP en el área metropolitana de Caracas. La información presentada en el etiquetado del producto se comparó tanto con la norma venezolana (Norma COVENIN 1481:2001.Leche en polvo) como con los resultados del análisis de composición química y nutricional realizado. En cuanto al etiquetado, se encontró que, para el 43% de las marcas, hubo concordancia entre los valores declarados y los resultados del análisis químico; sólo dos marcas fueron etiquetadas como productos lácteos. El análisis químico mostró inexactitudes en la información presentada en las etiquetas. La mayoría de los productos analizados fueron significativamente más altos en carbohidratos y sodio (p <0.05) y bajos en proteínas y calcio (p <0.05). Todas las muestras evaluadas no cumplieron no solo con la norma venezolana 1481 sino también con los criterios de la norma mexicana oficial 155-SCFI-2012. Por lo tanto, para la mayoría de las marcas, el nombre y la composición declarados del producto no se correspondían con el contenido nutricional resultante del análisis.
En el artículo científico también se informa que hubo diferencias relevantes en el contenido de proteínas; en una de las marcas, el contenido de proteína era de 3.82 g / 100 g en lugar de 25.53 g / 100 g como se indica en la etiqueta; este bajo nivel de proteína puede explicar la falta de formación de espuma tras la dilución. La mayoría de las marcas comercializadas tenían contenidos de carbohidratos que representaban hasta el 80% del total de sólidos. Considerando que el principal azúcar de la leche es lactosa, el exceso de este disacárido puede provocar diarrea osmótica. También hubo diferencias significativas en los micronutrientes; el contenido de sodio fue superior a 1.100 mg / 100 g en tres marcas de leche. Por lo tanto, este alto nivel de sodio puede producir el sabor salado informado por los consumidores. En una sola marca, el contenido real de calcio correspondió al indicado en la etiqueta. El valor mínimo de calcio encontrado fue de 40.36 mg / 100 g. Este valor es similar al contenido de calcio en la harina de arroz. Muchos padres ofrecen leche a sus hijos como fuente nutricional de calcio y proteínas. El consumo regular de estos productos podría afectar el crecimiento de los niños. Además, el exceso de sodio puede afectar la función renal de los niños pequeños y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares en los adultos. Estas irregularidades fueron denunciadas al Ministerio de Alimentación de Venezuela y al Instituto Nacional de Higiene de Venezuela, sin respuesta oficial. Sin embargo, debido a que la adulteración de la leche se había producido en México, la fiscalía mexicana abrió una investigación en 2019 por fraude alimentario y un caso de corrupción
Por último, hay ejemplos de etiquetado incorrecto de alimentos, como la harina de maíz amarilla etiquetada como harina de maíz blanca. Este error básico está muy extendido en los productos CLAP, por ejemplo, arroz empacado en una bolsa identificada como azúcar. Aunque esto no compromete la inocuidad alimentaria, viola las leyes y regulaciones alimentarias; esto demuestra el laxo y permisivo control de calidad de los alimentos CLAP mientras, como corresponde, se impone una estricta vigilancia a los alimentos procesados elaborados por la industria privada venezolana.
Terminaremos de contarles sobre este artículo en una última y próxima entrega.
María Soledad Tapia, Andrés Carmona, Pablo Hernández y Syloide Rivas
Aquí el artículo original:
Front. Sustain. Food Syst., 18 February 2021 | https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.623603
Nota: Fotografías no incluidas en el artículo.
María Soledad Tapia, Andrés Carmona, Pablo Hernández y Syloide Rivas
Sobre los autores:
Andrés Carmona. Bioquímico, PhD en Nutrición, Profesor Jubilado, Instituto de Biología Experimental, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. Ex Secretario Técnico del Consejo Nacional de la Alimentación. Miembro de la Fundación Bengoa para la Alimentación y la Nutrición.
Pablo Hernández. Licenciado en Nutrición y Dietética. Magister en Nutrición. Especialista en Análisis de Datos en Ciencias Sociales. Profesor de Nutrición Humana Escuela de Nutrición y Dietética de la UCV. Miembro del Observatorio Venezolano de Salud, de la Fundación “5 al día” Venezuela, y de la Fundación Bengoa para la Alimentación y la Nutrición.
Siloyde Rivas. Médico, egresado de la UCV. Especialista en pediatría, nutrición en salud pública. Estudios en planificación alimentaria y nutricional. Investigadora independiente en nutrición y seguridad alimentaria. Consultora en organismos nacionales e internacionales.
María S. Tapia. Bióloga con master y doctorado en ciencias de los alimentos. Profesora Jubilada, Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. Miembro de la Fundación “5 al día” Venezuela. Miembro Correspondiente Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
Aquí el artículo original:
Front. Sustain. Food Syst., 18 February 2021 | https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.623603