El informe del estado de la Seguridad Alimentaria en el Mundo de este año 2021 (SOFI 2021), nos ofrece cifras poco alentadoras, pero esperadas, sobre la inseguridad alimentaria en el mundo; decimos que eran esperadas por las proyecciones hechas por organismos internacionales sobre el impacto de la pandemia. Es indiscutible que la COVID-19 ha sumado un peso importante a los factores que atentan contra la seguridad alimentaria causando estragos en todos los países, con mayor énfasis en aquellas regiones ya vulnerables.
Este quinto informe pretende dar una visión integral sobre el problema del hambre en el mundo, para ello, se basa en las cuatro ediciones anteriores donde se exponen los factores que subyacen a la inseguridad alimentaria. En este sentido se destacan los conflictos armados, la vulnerabilidad y condiciones extremas del clima, las desaceleraciones y debilitamiento de la economía y la inasequibilidad de las dietas saludables. Dentro de las causas estructurales se mencionan a la pobreza y las desigualdades. En suma, estos factores juegan un rol importante en el mantenimiento y profundización de todas las formas de malnutrición en los grupos vulnerable, en especial en los niños. En el caso particular de Venezuela, se denota como principal causante de la inseguridad alimentaria a la desaceleración y debilitamiento de la economía.
De acuerdo con el SOFI, en el 2020 cerca del 12% de la población mundial se vio afectada por inseguridad alimentaria grave, lo que equivale a 928 millones, es decir, 148 millones de personas más que en 2019 Además, se estima que 1 de cada 3 personas careció de acceso a los alimentos el año pasado.
Por su puesto, el agravamiento en la inseguridad alimentaria repercute negativamente en el estado nutricional de los individuos, en especial de los niños. Según estimaciones del SOFI 2021, se cree que, en el 2020, el 22% (149,2 millones) de niños menores de cinco años sufrió retraso del crecimiento, el 6,7% (45,4 millones) sufrió emaciación y el 5,7% (38,9 millones) tuvo sobrepeso.
Particularmente, la región de Latinoamérica y el Caribe, se vio afectada duramente este último año, presentando el mayor incremento en las cifras de inseguridad alimentaria (aumento del 9%) respecto a otras regiones, incluso más que Asia y África.
Dando una mirada al comportamiento de Venezuela, llama la atención que el informe SOFI 2021 no da cifras sobre la inseguridad alimentaria que sufre nuestro país, lo cual sí hizo el SOFI 2020, anterior, que empleó los datos frescos recolectados en el terreno, de julio a septiembre de 2019, por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), conocidos por todos, de 9.3 millones en inseguridad alimentaria medida según la escala CARI.
Por lo cual, para enterarnos o tratar de acercarnos al nivel de inseguridad alimentaria, debemos recurrir a otras fuentes, como es el caso otro informe del PMA y FAO, Hunger Hotspots. FAO-WFP early warnings on acute food insecurity: March to July 2021 outlook. Este es un análisis prospectivo y de alerta temprana de países y situaciones, llamados hotspots, donde es probable que la inseguridad alimentaria aguda se deteriore en los próximos meses. Estos puntos críticos se identifican mediante un análisis basado en consenso de los principales impulsores de la inseguridad alimentaria, y su probable combinación y evolución entre países y regiones. El mismo ha informado que se espera que en el 2021 la inseguridad alimentaria del país aumente por encima de 9.3 millones.
A lo interno, existen también organizaciones como el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición (OVSAN), que nos proporciona datos interesantes y actualizados sobre la situación alimentaria. En su última encuesta a los hogares 2020-2021, revela que sólo el 9% de los venezolanos tiene seguridad alimentaria plena. Por lo cual, la mayoría de las personas buscan estrategias para adquirir sus alimentos como: gastar sus ahorros, restringir la ingesta de alimentos, trabajar para recibir pago en productos alimenticios o pedir dinero para comprar comida.
Ahora, nos preguntamos ¿por qué teniendo estos datos directamente del WFP, el informe de las Naciones Unidas, tiene las casillas vacías en tema de inseguridad alimentaria para Venezuela? En el país, hay organizaciones nacionales e internacionales generando data confiable y válida que pueden ser utilizadas para complementar este tipo de reportes.
El punto clave de este reporte es la subalimentación, definida como la condición en la cual la ingesta alimentaria es insuficiente para cubrir la cantidad de energía necesaria para llevar una vida sana y activa. La siguiente figura, ilustra la tendencia de este indicador en el último quinquenio.
Se observa una tendencia de aumento en la prevalencia de subalimentación del 2017 al 2020, sin embargo, llama la atención que en el último reporte hubo una disminución de 4% en este porcentaje, lo que se traduce en 1,3 millones de venezolanos menos en esta categoría.
Al ver estos resultados nos preguntamos ¿por qué Venezuela reporta este comportamiento en medio de la pandemia por COVID-19?, la cual se supone que ha agravado la situación alimentaria a nivel mundial. Esta disminución en la subalimentación es contraria a la tendencia de incremento del hambre en la región.
Haciendo el ejercicio estadístico de calcular la población total de Venezuela a partir de la prevalencia y los millones de personas afectadas, encontramos una posible respuesta a esta interrogante.
Subalimentación en Venezuela. 2017-2021.
En la figura observamos en color rojo, el resultado del cálculo de la población venezolana.
Notamos que el total de la población se mantuvo estable entre los años 2017 y 2019, pero desde el 2020, se tiene un marcado descenso en el número total de la población venezolana, la cual es la base para el cálculo de prevalencias. En los últimos dos años hay 3.6 millones de ciudadanos menos en estos cálculos; esta disminución tan rápida y considerable se debe al fenómeno migratorio de los venezolanos.
¿Será posible que un tercio de todos los que han migrado sean justamente estas personas con subalimentación? Los resultados parecen evidenciar que sí es posible, más aún cuando la ACNUR ha establecido al hambre y la falta de alimentos como uno de los principales motivantes para emigrar de Venezuela. Además, los datos actuales son de 5,4 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo.
Por otro lado, de los últimos 5 informes del SOFI, el correspondiente a este año, es el único que reporta las cifras de la prevalencia de retraso en el crecimiento y sobrepeso en niños menores de 5 años. Para el caso de la talla baja se dice que en 2020 se tuvo una prevalencia de 10,6%, mientras que, para el sobrepeso, la prevalencia en los menores de 5 años fue reportada como un 6,7%. Para ambas cifras el reporte indica que se trata de aproximadamente 200.000 niños. Esto contrasta con la data reportada el XV boletín, Monitoreo centinela de la desnutrición aguda y la seguridad alimentaria familiar (Abril-julio 2020) de Caritas Venezuela en el cual se dice que existe un 29% de talla baja (< -2DS de Z-score para el indicador talla-edad).
Así mismo, OCHA informó que entre abril y mayo del presente año (2021), se han reportado al menos 200 casos de desnutrición aguda moderada, por estado, principalmente en Anzoátegui, Falcón, Guárico y Mérida; si multiplicamos, obtenemos un total de 800 casos de desnutrición entre estas cuatro entidades.
Los valores de sobrepeso en la población adulta son los mismos que se vienen reportando desde el año 2014; 25% de la población, correspondiente a 5.1 millones de venezolanos. Caso similar a la prevalencia de bajo peso al nacer, reportada en 9.1% desde el año 2015, en estos indicadores no se presentan los datos más recientes, simplemente se repiten los anteriores.
Sólo el indicador de anemia en mujeres en edad fértil fue el que se actualizó en este informe SOFI 2021, pasando de 23.9% en 2016 a 24.2 en 2019. El fenómeno migratorio también afecta esta prevalencia ya que, en 2016 a pesar de tener un porcentaje más bajo, el número total de mujeres afectadas fue cercano a 2 millones; mientras que, en 2019, se tiene una prevalencia más alta con menos número de mujeres afectadas, en este caso 1,8 millones.
Este panorama del país y del mundo es alarmante, cada día son más los casos de desnutrición. Particularmente, para Venezuela no se vislumbra una solución a corto o mediano plazo para frenar la caída dramática del estado nutricional de nuestra población. Todo lo contrario, se suman factores a la crisis económica y política existente. La escasez de combustible, por ejemplo, limita la distribución de alimentos y encarece los mismos, pues al haber menos oferta de productos y aumentar la demanda, personas inescrupulosas se aprovechan de la situación para incrementar los precios. A su vez, la propia hiperinflación en la que está sumergida el país eleva los costos de los productos, esto dificulta el acceso económico a los alimentos y servicios (gas, agua, etc.) de las personas con menos recursos.
La pandemia COVID-19 también resta atención a las personas con desnutrición, debido a que lamentablemente, en los centros de salud públicos (escasos de recursos materiales y humanos) dan prioridad de atención a los pacientes COVID positivos y limitan el ingreso de las personas con desnutrición. Además, las restricciones en la movilidad en las semanas radicales, está afectando a comercios, lo que ha generado mayor desempleo.
Observando estos datos, claramente se deja ver que ni Venezuela ni el resto del mundo, está avanzando hacia la meta de “hambre 0”, por lo contrario, nos estamos alejando. Parece que las acciones por reducir el hambre no son suficientes, lo que sugiere que debemos unificar esfuerzos, reenfocarnos y ajustar las estrategias y políticas públicas si queremos realmente reducir el hambre de nuestra población.
La propuesta que nos ofrece las Naciones Unidas, en el SOFI 2021, es la creación de una cartera de políticas públicas, inversiones y leyes orientadas a atacar los factores subyacentes que afectan la inseguridad alimentaria (conflictos armados, cambio climático, inestabilidad económica y dietas saludables inasequibles), en pro de transformar los sistemas alimentarios. Sin embargo, esta propuesta suena muy general y pareciera no atacar los problemas estructurales que están afectando de manera crónica a nuestra población mundial.
El mundo requiere de acciones rápidas y concretas que disminuyan los índices de pobreza y la desigualdad entre la población. Todos tenemos derecho a la alimentación saludable, a acceder a productos y dietas adecuadas en todo momento; por lo que estamos llamados a seguir luchando hasta garantizar el derecho humano a la alimentación para todos.
Pablo Hernández y Claret Mata
Sobre los autores:
El Profesor Pablo Hernández es Licenciado en Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Magister en Nutrición (USB), Especialista en Análisis de Datos en Ciencias Sociales. Profesor de Nutrición Humana en la Escuela de Nutrición y Dietética de la UCV. Profesor del Diplomado de Educación en Diabetes Terapéutica (UCV). Editor Asociado de la “Revista Digital de Postgrado” de la Facultad de Medicina de la UCV. Miembro del Observatorio Venezolano de Salud (OVS), de la Fundación “5 al día” Venezuela, de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, y de la Fundación Bengoa para la Alimentación y la Nutrición.
La Profesora Claret Mata es Licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Magister en Nutrición (USB). Profesora de Evaluación Nutricional en la Escuela de Nutrición y Dietética de la UCV y Profesora invitada del postgrado de Nutrición Clínica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UCV. Miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición y miembro institucional de la Fundación Celíaca de Venezuela.
