El informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI) 2020 fue publicado el 13 de julio de este año, en esta oportunidad, con enfoque dirigido a la “transformación de los sistemas alimentarios hacia la promoción de dietas saludables y asequibles”. Cada año el SOFI muestra el panorama mundial sobre la situación de inseguridad alimentaria y malnutrición que viven los países y regiones, y evalúa los avances hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Los resultados de este año no son alentadores y confirman la tendencia de los años anteriores sobre el incremento lento y sostenido de las cifras de hambre a nivel mundial, con agravantes sobrevenidos que no fueron considerados, como la pandemia de COVID-19.
De entrada, algunos puntos muy importantes para la Región de América Latina y el Caribe (ALAC)
- El estudio advierte que ALAC no alcanzará el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 de la Agenda 2030, hambre cero, al año 2030.
- Las proyecciones del SOFI en ALAC indican que el hambre, considerada como una estimación del número de personas que no consume las calorías suficientes para llevar una vida activa y saludable, afectará a casi 67 millones de personas en 2030, es decir, cerca de 20 millones más que en 2019.
- Estas proyecciones no consideran el impacto del COVID-19, por lo que se estima que el hambre será aún más acuciante cuando se contabilicen los efectos de la pandemia sobre la seguridad alimentaria.
Con respecto al resto del mundo, el panorama que muestra el SOFI 2020 refleja que para el 2019 alrededor de 750 millones, o casi 1 de cada 10 personas en el mundo presentaron inseguridad alimentaria severa y 2 mil millones de personas con inseguridad alimentaria moderada y severa, no tenían acceso a alimentos nutritivos, seguros y suficientes. Las estimaciones sobre las personas que sufren de hambre son alarmantes, cerca de 8,9% de la población mundial, es decir, 690 millones de personas, esto representa un aumento de 10 millones de personas por año.
De acuerdo con proyecciones, para el 2030 los afectados por el hambre podría superar los 840 millones de individuos, esto es el 9,8% de la población mundial. Estas son cifras que preocupan por el costo que tiene el hambre, en la salud de las personas y en el desarrollo de un país.
Con respecto a la prevalencia de subalimentación (PoU), por regiones, África presenta 19,1%, mientras que Asia tiene 8,3% para el 2019. Para América Latina, la PoU fue de 7,4%, representando un incremento comparado con años anteriores.
De América del Sur, Venezuela, lamentablemente, es el país que más contribuye al aumento en la prevalencia de subnutrición en la región, dando un salto importante en las cifras de PoU, la cual para el 2010-2012 era de 2,5% y se elevó a 31,4% para el período 2017-2019, esto representa un incremento de 28,9% en 7 años, de los cuales 10,2% se aumentó sólo en el último año (2018: 21,2% vs. 2019: 31,4%).
Estos datos son consistentes con los reportes que han hecho las organizaciones y asociaciones de ayuda humanitaria que están trabajando en Venezuela. Por otro lado, se ha visto un incremento en los índices de inseguridad alimentaria y en especial un incremento en los hogares con inseguridad moderada y severa. Nuestra población no tiene acceso a dietas saludables; las familias sólo buscan “llenar el estómago” y lo hacen principalmente a base de farináceos, presentando un patrón de alimentación monótono con escaso consumo de frutas y hortalizas, y bajo consumo de proteínas de origen animal.
El SOFI 2019 hace mención especial al caso venezolano y al repunte tan dramático que ha sufrido esto últimos 5 años, mostrando en una gráfica especial, el alza en la prevalencia de subnutrición. No obstante, en el informe del 2020, no se realza la profundización de la crisis alimentaria en el país, sólo se menciona los factores reales del aumento de la PoU, los cuales son atribuidos en el informe, a los altos costos en los alimentos, aunado a los bajos salarios de la población que favorecen que la cantidad de alimentos adquiridos en el hogar sea insuficiente para que todos los miembros de la familia consuman una porción adecuada a lo que necesitan, teniendo que realizar una o dos comidas al día, inclusive pasar el día sin comer: Este contexto, se profundiza y se perpetúa por la crisis política y económica donde la hiperinflación ha llegado a cifras nunca antes vistas en la historia del país, la devaluación de la moneda, entre otras decisiones, y mal manejo de políticas públicas que afectan directa o indirectamente los sistemas alimentarios del país, la alimentación de las familias y el estado nutricional de los individuos.
Adicional a los datos de inseguridad alimentaria, el informe también muestra la prevalencia de retraso en el crecimiento, la cual a nivel mundial fue de 21,3% para el 2019. En el caso de America Latina estas cifras son similares o superiores para algunos países de la región como Haití y Guatemala. Para el 2018 se estimó que 4,8 millones de niños tenían retardo en talla en toda la región. . El SOFI de los dos últimos años no ha reportado data sobre prevalencia de retraso en el crecimiento para los niños venezolanos, sin embargo, en el informe del 2020 muestra una prevalencia de emaciación en niños menores de 5 años del 4,1%. En este sentido, se evidencia un subreporte en el SOFI cuando se compara con las cifras de los propios organismos internacionales que están trabajando en el país.
En el caso de Venezuela según datos de ENCOVI 2019-20, la desnutrición crónica en niños menores de 5 años se ubicó en 30,3% siendo el segundo país de Latinoamérica con la prevalencia más alta, comparable además, con países como Nigeria, Camerún y República del Congo. Esta situación es alarmante y preocupa el retroceso que se ha venido observando en las estadísticas de salud y nutrición a lo largo de estos años. Pero más preocupa la mirada indiferente de los entes oficiales que tienen en sus manos la posibilidad de detener esta carrera al precipicio y revertir las consecuencias.
Para “condimentar” un poco más el panorama mundial, desde finales del 2019 se desata la epidemia de COVID-19, la cual evoluciona en pandemia a principios del año 2020. El confinamiento de las personas en sus casas con la consecuente paralización de la mayoría de los trabajos, ha generado un decrecimiento económico importante, con grandes pérdidas a nivel mundial y aumento en la tasa de desempleo en todos los países. El sector alimentación se ha visto afectado en todos sus niveles y la producción de alimentos gravemente comprometida. Se ha informado sobre el impacto que tendrá COVID-19 sobre las poblaciones más deprimidas económicamente y que ya venían arrastrando problemas de inseguridad alimentaria y desnutrición. Se sugiere que la pandemia podría duplicar el número total de personas que padecen de hambre. Según proyecciones del SOFI 2020, para finales del año se podrían agregar entre 83 y 132 millones al número total de personas desnutridas en el mundo.
Venezuela, según el Programa Mundial de Alimentos, conforma el grupo de países que enfrentan la peor crisis alimentaria en el 2019. Aunado a esto, la pandemia no sólo ha generado casos de personas infectadas en el país, sino que se ha agudizado la crisis sanitaria en los hospitales, la economía se ha deteriorado aún más incidiendo en un alza en los costos de alimentos con merma en los ingresos familiares por escasa o nula actividad productiva y desempleo en ascenso, racionamiento en el servicio de gas, luz y agua -básicos para la preparación de las comidas y la higiene-, además de problemas en la distribución adecuada de alimentos producto del desabastecimiento de gasolina.
Lamentablemente, la situación de pandemia pone entre la espada y la pared a la población venezolana, en especial a las familias más pobres, quienes se debaten entre el riesgo de morir por COVID-19 exponiéndose al ir a buscar el sustento o el riesgo de morir de hambre, sin duda una decisión nada fácil. Es por ello, que se requiere una vigilancia y monitoreo constante de la situación para observar el movimiento de los indicadores y con base a esta información dar respuesta oportuna a cada familia, evitando un desastre mayor en la población.
Venezuela, como la mayoría de los países, no está en vías de cumplir con las metas de Desarrollo Sostenible. La trasformación de los sistemas alimentarios es clave para conseguir dietas saludables y más importante, que estas dietas sean asequibles a todos, no solo un beneficio de los sectores con mayor ingreso económico. El acceso a una dieta variada, de calidad, suficiente e inocua reduciría la prevalencia de todas las formas de malnutrición, tanto desnutrición como sobrepeso y obesidad. Una alimentación en la cual se incluyan más porciones de frutas y hortalizas, leguminosas, cereales integrales, se modere la ingesta de alimentos de origen animal y se eviten los productos ultraprocesados, evitaría las aparición de enfermedades crónicas y disminuiría las deficiencias de vitaminas y minerales o “hambre oculta”. Además se debe educar a los individuos para hacer uso adecuado de los desperdicios y desechos evitando el impacto negativo en el ambiente.
Uno de los retos, en especial de los países con una crisis alimentaria como Venezuela-, es desarrollar estrategias para disminuir los costos de los alimentos nutritivos, las frutas, hortalizas, entre ellos. Algunas posibles soluciones serían eliminar la cadena excesiva de intermediarios entre el agricultor y el consumidor que eleva tanto los costos; educar a la población para un consumo de alimentos consiente y responsable, favoreciendo la ingesta de frutas y hortalizas de temporada. La estrategia de huertos en casa y en las escuelas es perfecta para trasmitir el respeto por la tierra, no así para alimentar a toda una población hambrienta, como es el caso de Venezuela; para esto se necesitan políticas públicas de gran impacto. La protección social, es una política que puede aumentar el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables y con la adecuada educación nutricional permitiría que la población acceda a dietas más saludables.
Una forma de transformar los sistemas alimentarios en Venezuela es implementar políticas para fomentar la agricultura, dar confianza y seguridad a los agricultores y sus cosechas; favorecer el crecimiento de los pequeños y medianos productores y emprendedores. Estas acciones podrían favorecer el crecimiento económico del país y disminuir la dependencia a la importación en rubros que anteriormente se producían en Venezuela.
Quizás no se llegue a las Metas de Desarrollo Sostenible para el 2030, pero realmente es necesario frenar el crecimiento en la prevalencia de malnutrición, en cualquiera de sus formas y disminuir la cantidad de hogares con inseguridad alimentaria y dietas inadecuadas, si se quiere sinceramente mejorar el estado de salud de la población.
Claret Mata y Pablo Hernández
Sobre los autores:
La Profesora Claret Mata es Licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Magister en Nutrición (USB). Profesora de Evaluación Nutricional en la Escuela de Nutrición y Dietética de la UCV y Profesora invitada del postgrado de Nutrición Clínica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UCV. Miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición y miembro institucional de la Fundación Celíaca de Venezuela.
El Profesor Pablo Hernández es Licenciado en Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Magister en Nutrición (USB), Especialista en Análisis de Datos en Ciencias Sociales. Profesor de Nutrición Humana en la Escuela de Nutrición y Dietética de la UCV. Profesor del Diplomado de Educación en Diabetes Terapéutica (UCV). Editor Asociado de la “Revista Digital de Postgrado” de la Facultad de Medicina de la UCV. Miembro del Observatorio Venezolano de Salud (OVS), de la Fundación “5 al día” Venezuela, de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, y de la Fundación Bengoa para la Alimentación y la Nutrición.
