El 15 de julio de 2019 se hizo público el Informe 2019 sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y de la Nutrición en el Mundo. Esta es una publicación anual realizada conjuntamente por la FAO, el FIDA, la OMS, el PMA y UNICEF.
Como lo dice la página web de FAO:
“Ofrece una estimación actualizada del número de personas que padecen hambre en el mundo, incluyendo datos regionales y nacionales, y los datos más recientes sobre el retraso en el crecimiento y la emaciación infantil, así como sobre la obesidad en adultos y niños. También ofrece un análisis de las causas del hambre y la malnutrición, y este año incluye un enfoque especial sobre los efectos de las desaceleraciones y recesiones económicas.”
El año pasado, el enfoque para el SOFI 2018 fue dirigido hacia “el fomento de la resiliencia climática en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición”.
En MiradorSalud analizamos SOFI 2018 desde “una mirada doliente” y cuestionadora, pues queríamos ver reflejada la realidad de nuestro país, pero con el escepticismo propio de saber que tal como lo declaran las agencias involucradas en la estructuración del informe, “las estimaciones a nivel de los países se presentan para aquellos países que presentan datos nacionales oficiales” y no sabíamos qué esperar ante el irrebatible vacío y opacidad de las estadísticas oficiales venezolanas.
En SOFI 2018 se registraba una disminución de la subalimentación en la Región y Subregión de América Latina. En Venezuela, el número de personas subalimentadas en el decenio 2006-2016, agregados en dos trienios: 2004-2006 y 2014-2016, pasó de 2,8 millones a 4,1 millones de personas respectivamente. Esta contribución de nuestro país al número de subalimentados estropeó las cifras regionales.
Lo doliente y sorprendente se derivó particularmente de las explicaciones del Informe para justificar estos resultados:
“Estas tendencias pueden ser el resultado de la persistencia de los precios bajos para la mayoría de los productos básicos exportados, especialmente el crudo, que han mermado los recursos financieros para la importación de alimentos, reducido la capacidad de los gobiernos para invertir en la economía y reducido en gran medida los ingresos fiscales necesarios para proteger a las personas más vulnerables del aumento de los precios internos y la pérdida de ingresos.”
Es decir, el informe resaltaba la caída de los precios del petróleo como una de las causas del estancamiento en el progreso frente al hambre. No obstante, en todos los países productores de petróleo bajó el número de personas con hambre, lo que se vinculó a sistemas de protección social robustos y bien concebidos. Menos en Venezuela. Las razones tenían que ser otras, aparte del bajo precio.
En SOFI 2019, las cosas parecen haber cambiado.
Según el Informe, América del Sur alberga la mayoría (68 por ciento) de las personas desnutridas en América Latina. El aumento observado en los últimos años se debe a la desaceleración económica en varios países, particularmente en la República Bolivariana de Venezuela, donde el PoU (Prevalencia de la Subalimentación) aumentó casi cuatro veces, de 6,4 por ciento en 2012-2014 a 21,2 por ciento en 2016-2018.
La escala del desplome alimentario de Venezuela es de tal magnitud, que el SOFI 2019 asignó un gráfico particular al país:
Durante el mismo período de recesión, el Informe comenta que la inflación en el país alcanzó alrededor de los 10 millones por ciento y el crecimiento en el PIB real empeoró, pasando de negativo 3,9 por ciento en 2014 a un 25 por ciento negativo estimado en 2018.
La gráfica es elocuente en mostrar que el incremento en los millones de venezolanos en situación de hambre es sostenido, desde el 2009. Es decir, que el atribuir a sanciones y bloqueos desde el 2017 como la causa -como ha sido emblematizado oficialmente- queda sin sustento. ¿Ha debido mencionarse?
Los venezolanos en situación de hambre al 2018, se estiman en 6,8 millones. Esto es, 83% de incremento con respecto al trienio 2015-2017. Para establecer esta estimación se debe haber dividido la oferta total posible y disponible de alimentos en el país entre toda la población, siendo el resultado que, si se hiciera esto en forma equitativa, quedarían sin poder comer casi 7 millones de venezolanos, dada la insuficiencia de la oferta para satisfacer las demandas que implica llevar una vida sana y activa, precepto esencial de la seguridad alimentaria y nutricional. La situación es más grave que lo descrita si se considera que, el reparto de esa oferta no es equitativo, sino muy desigual, esto es, hay quienes comen mucho más de lo que les tocaría equitativamente y otros que nunca han podido comer lo suficiente y que, ante una oferta escasa, estarán comiendo mucho menos de lo que comían.
Es importante que en el reporte sobre la situación de inseguridad alimentaria en Venezuela se atribuye al colapso económico la causa de la debacle. Es decir, esto significa que atribuir el hambre a causas no fortuitas como lo es la situación económica del país, es una declaración tácita de que esta hambre se ha podido evitar. Si esto se considera teniendo en cuenta que, desde el 2016 el Estado se invistió de plenos poderes a través de un Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica para corregir esta crisis, cabe preguntarse si algo que podía evitarse y no se ha mitigado siquiera, más que evitable, es provechoso e instrumental y por eso se mantiene
En este punto surgen además los análisis de The Economist sobre el informe SOFI2019. La publicación relaciona el incremento en la prevalencia poblacional de personas en situación de hambre con el decrecimiento del Producto Interno Bruto real de las Naciones. La gráfica ilustra una estrecha relación. Países como Etiopía que ha registrado varias de las hambrunas del planeta y aún sigue con zonas muy frágiles, ha disminuido progresivamente la prevalencia de subalimentación hasta en un 10% desde el 2011, lo que coincide con un incremento de su Producto Interno Bruto real de hasta 50%. En el otro extremo está Venezuela, reconocida incluso hasta con galardones por la reducción de la subalimentación sobre gráficas que claramente evidenciaban ya que la subalimentación venía en ascenso a una velocidad que nos trajo hasta aquí, aunque en número relativos eso fuera menor que los niveles del 90´como lo establecía la meta. Venezuela comparte los extremos y excesos de esta figura con Yemen, Siria, Sudán del Sur, República Centro Africana y Guinea Ecuatorial. Esto equipara nuestra situación con la de países en guerra, sin tenerla, y con dictaduras y conflictos que expolian hasta el hambre a naciones muy ricas del planeta (República Centroafricana, Guinea). Este paralelismo no es casual, sino causal.
A diferencia del SOFI2018 dedicado casi enteramente al efecto del cambio climático en la alimentación, el SOFI2019 es claro en establecer que la desaceleración y la recesión económica impactan negativamente el hambre con un efecto el doble de potente que el de las causas relacionadas con el clima, y que el 75% de los países con altos niveles de subalimentación y crisis económica, son países importadores netos de alimentos, entre ellos, Venezuela. Esta fusión de causas prevenibles relacionadas con el manejo de la economía política de un país y la dependencia externa a importaciones se podría entender mejor en naciones frágiles, con sus recursos agotados. En países como Venezuela, la destrucción de un sistema alimentario antes vigoroso, sustentado en tierras y recursos productivos extensos y pródigos, es inadmisible.
El informe no profundiza en otras causas del hambre que están a la vista de todos y han sido denunciadas por el propio Estado, como la corrupción. Se trata no solo de una desaceleración económica que ocurre en un país al que se le destruyó un sistema alimentario que hubiera podido amortiguar la caída de importaciones alimentarias, sino que el recurso diezmado disponible para garantizar la oferta alimentaria se lo han robado. Son múltiples y visibles los enfados de los personeros del poder Ejecutivo ante la corrupción en su red de alimentación bicentenaria, y de su sistema de distribución y venta de alimentos, CLAP. Sin embargo, ante esto se ha manejado una total impunidad, a la que se suma el silencio de las agencias internacionales y sus informes sobre las causas del hambre. Solo las instancias competentes de los gobiernos de México, Colombia y Argentina han denunciado a través de sus fiscalías la escala de esta corrupción. Los expedientes están a la vista de todos, pero no en los reportes del hambre mundial.
Suman también a las causas del hambre que el SOFI2019 omite, las múltiples violaciones al Derecho a la Alimentación en que incurre el sistema de distribución de los alimentos escasos bajo la forma de comités locales de abastecimiento. Desde la vulneración del derecho a comer por autodeterminación y suficiencia, en lugar de a ser alimentados, hasta la vulneración de comprarle al Estado una caja de alimentos de la que se desconoce su contenido hasta que se abre y viene llena de alimentos ajenos a nuestra cultura y muchas veces deteriorados o contaminados. Todo es una vulneración en los CLAP. Tampoco se describen los mecanismos sofisticados de control social y político que se ejercen con este manejo alimentario estatal, reconocidos como esenciales en el avance del proyecto político por los propios personeros del Estado. La FAO es la agencia matriz de los lineamientos para el monitoreo del Derecho a la Alimentación. En general promueve, anima y facilita su aplicación en los países, pero en Venezuela no los ha aplicado. Los CLAP no aguantarían que se les pase ese racero.
El informe concluye que, para salvaguardar la seguridad alimentaria y la nutrición, es crítico poner a lugar políticas económicas y sociales que mantengan una economía favorable y contrarresten los efectos adversos de las crisis. Está claro. Son hambres moduladas por los Estados, evitables con una economía política y protección social incluyentes, manejadas por un Estado que pueda dar cuentas. En Venezuela, el Estado como garante del Derecho a la Alimentación ha actuado todo el tiempo como víctima de una guerra económica ya muy larga como excusa, y ahora del bloqueo internacional, pero lo cierto es que, incluso ante esto, el Estado nos queda en deuda con el derecho a la protección.
La FAO, como otras agencias de Naciones Unidas, están allí para asesorar a los Estados miembros en el manejo de sus políticas. En un país que muestra este incremento agudo en la cantidad de personas con hambre, informes que muestran un desempeño así, no dejan de ser también un informe de gestión de asesores y de agencias que tenían que haber hecho contrapeso. Se trata del desmoronamiento del sistema alimentario a plena luz y de las violaciones más groseras posibles al Derecho a la Alimentación, frente a lo cual se ha hecho silencio. Proteger los espacios diplomáticos de trabajo para llegar a estos niveles de hambre, es equivalente, o peor a lo que hubiera pasado, si al denunciarlo, la FAO se hubiera tenido que ir de Venezuela.
Un resultado tan escandaloso respecto al hambre de una nación, presentado por la misma agencia que la tasa prolijamente bajo el emblema de “Hambre Cero”, debería haberse acompañado con una explicación de lo que se hizo para evitar esto, o de lo que no se pudo hacer. Eso hubiese sido extraordinariamente reparador, si no del hambre, al menos de la confianza en qué todavía se puede ser justos e íntegros con la misión y hacer algo por nosotros.
Nuestra mirada al SOFI 2019 siga siendo doliente, cuestionante, sorprendida. Casi un cuarto de la población de Venezuela en situación de hambre por una crisis alimentaria sostenida y registrada en silencio, a pesar de las advertencias, las evidencias y nuestros gritos de socorro.
Susana Raffalli y María Soledad Tapia