Partamos de una definición casi de Perogrullo: Un programa de protección social es una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de la población, orientada para un sector con determinadas necesidades no satisfechas. La mayoría de los programas sociales son desarrollados por los Estados que tienen la responsabilidad de atender las necesidades de todas las personas, y los Gobiernos los diseñan y ponen en marcha.

De acuerdo al Banco Mundial, los sistemas de protección social incluyen programas que ayudan a hacer frente a las perturbaciones, brindar oportunidades de empleo a las personas vulnerables, y abordar la pobreza y la falta de seguridad alimentaria.

Cuando los programas se basan en asignación de dinero, algo que pareciera equivalente a los actuales “bonos” del gobierno venezolano, el nombre técnico que reciben es “transferencias monetarias” (cash transfers) y son “condicionadas” cuando los incentivos se otorgan para ser invertidos en el capital humano (niños y miembros de la familia) por medio de transferencias supeditadas a ciertas conductas como asistir al colegio, vacunarse, asistir a consulta médica prenatal, asistir a capacitación nutricional, tener buen rendimiento estudiantil, etc.

Los Programas de Transferencia Monetaria Condicionadas (PTMC), iniciados a fines de la década de 1990 en América Latina, se han convertido en programas claves de las políticas sociales. Sus objetivos: a) la reducción de la pobreza a corto plazo mediante transferencias dirigidas a los pobres, y b) la reducción de la pobreza a largo plazo a través de una mayor inversión en capital humano.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha realizado una serie de estudios sobre los PTMC en América Latina y el Caribe. En uno de los estudios del BID, se señala que los diseños más comunes para los PTMC siguen ampliamente el esquema original de Progresa (Programa de Educación, Salud y Alimentación), el programa mexicano iniciado en 1997. Dirigido a los pobres, los componentes principales incluyen transferencias periódicas de efectivo a mujeres, condicionadas a visitas regulares a proveedores de servicios de salud para niños más pequeños e inscripción escolar, y asistencia regular para niños en edad escolar, y mercadeo social para fomentar la inversión en nutrición, salud y educación. En el estudio se evalúa la experiencia de tres países para los cuales se dispone de evidencia experimental y no experimental sobre sus efectos a largo plazo: el Progresa de México, la Red de Protección Social (RPS) de Nicaragua, y Familias en Acción de Colombia.

Es perfectamente válido que un gobierno recurra a estas estrategias para proteger a sus ciudadanos, pero todo programa social tiene que ser evaluado constantemente para tomar decisiones informadas y técnicas que mejoren su ejecución y cumplan con sus objetivos.

Las evaluaciones de las PTMC se han basado en diseños experimentales rigurosos y han mostrado consistentemente impacto a corto plazo como: el alivio de la pobreza, mejores resultados de salud y un mayor rendimiento escolar.

Un estudio de caso realizado por FAO en 2001 cuando Progresa llevaba cuatros años en marcha, explicita que el programa disponía de un riguroso y complejo sistema de identificación de las familias potencialmente beneficiarias del programa, así como de un proyecto de evaluación de impacto de las transferencias monetarias hechas directamente a los hogares.

Algunos logros a la época resaltados por FAO, dan una idea del tipo de evaluación que se hace de un programa social de esta naturaleza (*)

Una experiencia latinoamericana que se ha convertido en referencia universal es Bolsa Familia, considerado el mayor PTMC de Brasil y del mundo, pieza clave de las políticas sociales de Lula da Silva, que continúa vigente. Cuenta con el apoyo técnico del Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial. Según este último, en la primera década de funcionamiento, Bolsa Familia logró reducir a la mitad la pobreza en Brasil. Es considerado como uno de los principales programas de reducción de la pobreza en el mundo «inventado» en América Latina.

Bolsa Familia proporciona ayuda financiera a familias pobres de Brasil, y a cambio, las familias deben asegurarse de que los niños asistan a la escuela y cumplan los calendarios de vacunación.

En Venezuela, el 1ro. de mayo de 2018, el presidente Nicolás Maduro anunció el nuevo aumento a los bonos de protección social que son otorgados a través del sistema del Carnet de la Patria (tramitado por más de 16 millones de venezolanos, de acuerdo a reportes oficiales), «para proteger a la población del alza desmedido en productos de primera necesidad». Se ha otorgado así el Bono de la Clase Obrera, Hogares de la Patria, el Bono de la Misión José Gregorio Hernández, el Bono de Parto Humanizado, el Bono Navideño, el Bono Niño Jesús, el Bono del Día de la Juventud, el Bono por el Día de la Mujer, el Bono de Carnaval y el de Semana Santa.  Incluso se ofreció un «Bono por ir a votar el 20M» en las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018.

Veamos un ejemplo con el gobierno de Chile, el cual informó a inicios de 2018 que se ponían a disposición de la ciudadanía, 10 bonos planificados por el Ministerio de Desarrollo Social: Aporte familiar permanente, Bono logro escolar, Bono graduación enseñanza media, Bono por hijo, Bono de invierno, Bono bodas de oro, Bono al trabajo de la mujer, Subsidio al empleo joven, Bono asistencia escolar, Bono base familiar. El acceso a los bonos tiene requisitos que varían dependiendo de la naturaleza de la ayuda. Tomemos el ejemplo del primero que se cita: “Aporte familiar permanente”, el cual es un aporte en dinero que se entrega en Chile en marzo de cada año a las familias de menores ingresos.

Sin embargo, para tener derecho al beneficio, se debe pertenecer a uno de varios grupos definidos por el gobierno. Tomemos uno de estos grupos: Familias pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), el cual es un beneficio no postulable enfocado en brindar apoyo integral y continuo a las personas y familias más vulnerables, para que a través de su propio esfuerzo y compromiso superen su condición de extrema pobreza.

A partir de la información contenida en la base de datos del Ministerio de Desarrollo Social, se identifica a las personas y familias que cumplen el perfil, y se les invita a participar de este programa mediante la visita de un gestor familiar. El programa considera una serie de apoyos que trabajan de manera personalizada con la familia y sus integrantes, tanto en el ámbito social como laboral. El objetivo es promover su autonomía, potenciando capacidades que les permitan incorporarse y desenvolverse en el mundo del trabajo.

En Venezuela, el carnet de la Patria (http://www.carnetdelapatria.org/) y no la cédula de identidad es el requisito primario para acceder a las ayudas postulables del gobierno:

1. Poseer el carnet de la patria.
2. Requisitos para postulación:

– Tener carnet de la patria
– Tener registro en el VeQR (una aplicación para conectar el Carnet de la Patria con la organización del Poder Popular y las Misiones Sociales en Venezuela) para que el gobierno conozca la situación económica y determine quién precisa el bono.

En febrero de 2018 se incluyó un nuevo requisito para optar al Bono Hogares de la Patria: la declaración jurada en la plataforma de patria.org  en la que los jefes de hogar bajo fe de juramento relacionan los cinco integrantes del núcleo familiar a los fines de recibir en efectivo y en el marco de la Gran Misión Hogares de la Patria, el beneficio correspondiente de protección social.

Desde MiradorSalud se desea aprovechar esta oportunidad para solicitar y recabar mayor información sobre los criterios de selección de los beneficiarios de los bonos del gobierno de Venezuela, así como de los planes de evaluación, seguimiento e impacto, lo mismo que demostrar la naturaleza de su condicionalidad, si la hubiera.  La comparación con otros programas de protección social no los favorece.

María Soledad Tapia

Maria.tapia@5aldia.org.ve

Los invitamos a releer:

De ayudas alimentarias en bolsas, paquetes, cupones y otras cosas

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* Nota: (algunos aspectos evaluados en Progresa)

• Un total de 3. 591.717 estudiantes becados en primaria, secundaria y educación media superior
• La participación de los niños en la fuerza laboral presentó reducciones de 15 a 25%
• Más del 80% de los niños de una muestra en las localidades PROGRESA, consumió alguna vez el suplemento nutricional (un alimento enriquecido con micronutrientes para niños menores de dos años en pobreza extrema y mujeres embarazadas), mientras que alrededor del 40% lo consumió regularmente y con frecuencia elevada (tres o más veces por semana).
• La exposición al programa durante los dos años del período crítico del crecimiento (entre seis y 24 meses), resultó en un beneficio en talla de 1,6 cm para el nivel socioeconómico inferior, en comparación con niños del mismo nivel socioeconómico de las comunidades control
• Los resultados de la muestra transversal indican que los niños entre seis y 24 meses expuestos al PROGRESA durante dos años en el período nutricional vulnerable y que consumieron el suplemento frecuentemente (tres o más veces por semana) tuvieron una talla 1,2 cm mayor que los niños que consumieron el suplemento dos o menos veces por semana.
• Se encontró un efecto positivo del programa en los niveles de hemoglobina y Vitamina A. Los mayores efectos ocurrieron también en los más pobres, muy probablemente porque sus niveles iniciales eran más bajos y porque usaron la suplementación de manera más consistente
• Los aspectos educativos se han medido a través de dos indicadores que son la tasa de reincorporación de los niños, en los hogares beneficiarios, que no asistían a la escuela y la tasa de permanencia de niños que sí lo hacían, en relación con tendencias pasadas
• Para el período enero-junio de 1998, 87,6% de los hogares beneficiarios con niños elegibles para becas (entre tercer grado de primaria y tercer grado de secundaria) cumplieron la condición de 85% de asistencia
• PROGRESA reportaba incrementos importantes en el uso de las clínicas IMSS-Solidaridad que cubrían el 30% de las localidades donde operaba el programa. Se reportó 30% más de consultas de menores de cinco años; 16,3% más de consultas prenatales de primera vez, contra 3,4% en clínicas sin beneficiarios del PROGRESA.