A Juvenal Arbeláez. Después de leer el artículo «Valores alimentarios en Suramérica” publicado en la prestigiosa revista Food Technology (FT), del Institute of Food Technologists (IFT) de los Estados Unidos, cuyo contetenido del número de junio de 2018 es presentado a los lectores así: En Suramérica, los valores alimentarios se fundamentan en influencias culturales y aspectos sociales, lo cual conlleva a la creación de unas políticas alimentarias únicas y menos impersonales, -esto por supuesto, visto como algo positivo y optimista-, decidí que ameritaba una respuesta. A la revista se accede por suscripción, y obtuve el “reprint” gracias a haber sido enviado por un colega desde otro país.
Mi primera impresión fue de sorpresa, después, de coraje, y finalmente, de tristeza. En el artículo se emplean unos ejemplos casi idílicos -pero ciertos-, sobre los valores de la alimentación en Suramérica (SA), solo que se hace una generalización de toda la región, cuando los ejemplos citados son de países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
En el artículo se dice que en SA, para la industria de alimentos -que se asume y es, sólida y moderna- es muy importante manejar los «valores de la alimentación» de los consumidores locales; reivindica igualmente la importancia de los valores que afectan las decisiones de compra de los consumidores, de unos consumidores cada vez más informados y conscientes de la importancia de una industria cuya oferta de alimentos saludables responda a su creciente demanda por los ciudadanos.
Igualmente dice el artículo que en SA hay un retorno a valores ancestrales como la importancia de cocinar en casa y comer en familia; que aunque la mayoría de los países de la Región ha seguido el ejemplo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la adopción de directrices dietarias nuevas o enmendadas, que enfatizan el consumo de alimentos no procesados o mínimamente procesados, así como una menor ingesta de azúcar, sal y grasas saturadas, muchos países están incorporando también costumbres culturales y sociales en sus pautas alimentarias.
Asimismo, se resaltan los esfuerzos que realizan varios países para proteger y educar a los consumidores. Desde el sistema de etiquetado de semáforos adoptado en Ecuador en 2013 hasta el etiquetado azucarero y las leyes tributarias en México que gravan los refrescos y bebidas azucaradas, pasando por las normas más estrictas de publicidad y etiquetado en Chile y Perú. Es decir, existe un fuerte movimiento para informar y educar a las personas.
Es oportuno comentar en este sentido, que en Perú se acaba de publicar el Manual de Advertencias Publicitarias para colocar en los empaques de alimentos que contienen altos niveles de azúcar, grasas saturadas, sodio, y grasas trans, en cumplimiento de la Ley 30021, conocida como Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, y su reglamento; por esta razón, el presidente de la República, Ing. Martín Vizcarra Cornejo, recibió una felicitación de connotados científicos, investigadores y profesionales de las áreas de nutrición y salud pública de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, México, Sudáfrica e Inglaterra.
Volviendo al artículo que nos ocupa, se afirma que «además de los esfuerzos educativos que se emplean en toda la Región, los elementos de derechos humanos están comenzando a impregnar el sistema alimentario latinoamericano, con la noción de que el acceso a alimentos saludables es un derecho humano básico». Esto ya fue demasiado para mí. ¿Cómo decir que nada de eso ocurre en Venezuela, y que requiero de una oportunidad para hablar de los valores alimentarios que prevalecen en la Venezuela en estos tiempos?
Quinientos son los caracteres permitidos para una “Carta al Editor” en FT. Entonces, lo primero que tuve que hacer fue “comprimir” en 500 caracteres mi argumentación. Y logré 500 caracteres exactos en inglés. Lo traduzco, y en español son 596 con espacio. Cosas de nuestra rica lengua.
Esta es mi corta carta al editor:
He leído VALORES ALIMENTARIOS EN AMÉRICA DEL SUR (Kanter & Guarita, 2018). Como investigadora venezolana del área de alimentos me siento obligada a hacer una respetuosa aclaratoria al artículo. Venezuela, un país sudamericano, no puede incluirse dentro de la perspectiva de valores alimentarios presentada por los autores. Un país que enfrenta una catástrofe política y un colapso económico que golpea la seguridad alimentaria, la industria, el derecho de los consumidores a la alimentación y los valores alimentarios, no merece invisibilidad. Les pido amablemente me permitan responder. Gracias.
Empecé entonces a trabajar cada una de las afirmaciones y enunciados que hacen los autores incluyendo referencias confiables y actuales. Salió un documento de varias páginas. Intentaré presentar en esta entrega de MiradorSalud, dos de los aspectos tratados.
Consumidor venezolano
La caída de la producción nacional de crudo y de los precios del petróleo, junto con una fuerte dependencia de las importaciones, el control del cambio y los controles de precios, dieron como resultado una disminución de producción agrícola y una contracción de la industria alimentaria, que, junto con la falta de importaciones, produjo (> 50%) a niveles críticos de ciertos artículos y alimentos regulados que son los principales contribuyentes de energía y nutrientes para la población (harina de maíz precocida, arroz, aceite, pollo). Adicionalmente, la hiperinflación ha contribuido a una constricción de la demanda de alimentos por los consumidores.
Según el Informe 2017 de PROVEA, cálculos de la firma Econométrica registran una escasez de alimentos promedio para todo el periodo de 50,9%, nivel menor que el registrado en 2016, que sobrepasaba 55%31.
Dada la escasez, la respuesta del Estado ha sido restringir el acceso a los alimentos aplicando sistemas de racionamiento semanal que generan largas filas frente a supermercados y puntos de venta, siempre bajo la custodia de personal militar. Se mencionan: el registro biométrico nacional de huellas dactilares de todos los clientes, la asignación de un día de compras en función del último número de la cédula de identidad, y la creación de los Comités Locales de Suministro y Producción (CLAP) para la distribución «casa por casa» de alimentos regulados.
Una característica de las compras de alimentos en Venezuela es que la mayoría de las personas compra productos subsidiados en la red pública, plagada de problemas de disponibilidad y distribución. Lo mismo ocurre con los alimentos regulados distribuidos en la red privada. Los controles de precios y la escasez obligan a los venezolanos a recurrir al mercado negro de productos básicos.
No hay tal cosa como una decisión de compra del consumidor venezolano ante el grave déficit e inestabilidad del suministro de alimentos, con consumidores abrumados por la hiperinflación, la escasez y la desmoralización ante su pérdida de poder adquisitivo y calidad de vida, las largas colas, y no poder comprar de acuerdo a sus preferencias.
El consumidor venezolano depende de una oferta muy restringida de productos, muy pocas marcas e incluso, hay también una oferta limitada de productos frescos. La lista de alimentos disponibles y accesibles se reduce cada día, y los consumidores dependen cada vez más de los programas de distribución de alimentos del gobierno que les permite comprar a precios muy bajos, un número limitado de productos alimenticios sobre los que no ejercen tipo de autodeterminación respecto a la elección de los artículos per se, marca o cantidad.
Según el Informe PROVEA 2017, el control social y político se hace cada vez más evidente, especialmente con el Carnet de la Patria. Los consumidores de CLAP nunca han podido comprar al gobierno los alimentos que quieren comer. Reciben una caja de comida que nunca sabe qué contendrá, o si va a llegar a la frecuencia ofrecida dos veces al mes. A veces simplemente no llega. Los productos en la caja son importados con mayor frecuencia principalmente de México y Panamá, y ha habido muchas quejas sobre su falta de adecuación al patrón cultural de Venezuela, y sobre composición y la calidad nutritiva de dichos productos. Este es un tema muy crítico con respecto a la harina de maíz precocida, y lo hemos discutido en MiradorSalud, cuya contribución a la dieta nacional sigue siendo relevante, sin embargo, la que se vende a través de CLAP es en su mayoría importada y no está enriquecida con micronutrientes según lo exige la normativa nacional. La cobertura de este sistema de venta y distribución de alimentos siempre ha sido insuficiente en cuanto a la frecuencia de entrega y el área geográfica. Estos déficits de cobertura no tendrían consecuencias serias si el resto de la distribución de circuitos del país estuviera funcionando normalmente.
Lo registrado en el informe de PROVEA coincide con el más reciente estudio de Datanálisis sobre las características del consumidor en Venezuela, según el cual, la calidad y el estilo de vida de los consumidores se han visto afectados por la reducción de la variedad de productos, debido a la crisis de las empresas. 74% de los venezolanos no puede cubrir su consumo con lo que gana. De ese total, 60% depende de los subsidios que entrega el Estado, como los CLAP y los bonos que asigna mediante el carnet de la patria, por lo que están sometidos a hacer colas y a comprar lo que consiguen en lugares con oferta regulada. 14% de la población está desprotegida, vive una situación marginal, come lo que consigue de la basura y recibe apoyo de la Iglesia y de organizaciones no gubernamentales.
Entonces, es muy difícil que el consumidor, al menos no el de Venezuela, se esté volviendo cada vez más conscientes de su salud y se haya movilizado y empoderado con respecto a la dieta y la salud. El consumidor venezolano no puede darse ese lujo. Come lo que consigue para sobrevivir, aunque no sea saludable. Los más pobres recurren a la basura para subsistir.
Industria de alimentos
La agroindustria ha experimentado situaciones muy críticas por la incertidumbre política, dificultad en acceso a divisas e incumplimiento con proveedores y pago en divisas, control de precios, dificultad en acceso a maquinaria y repuestos, fallas de electricidad, conflictos laborales, rupturas en las cadenas agroalimentarias (intensa intervención del Gobierno sobre los precios, divisas, sistemas de transporte y distribución). Ha habido también la afectación de un sector primordial: los expendios. La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (CAVIDEA) ha identificado más de 200 leyes, decretos o resoluciones que afectan e inciden sobre los precios finales.
Ello ha conllevado a muchas empresas nacionales y multinacionales a reducir o cerrar sus operaciones en Venezuela. Sesenta compañías transnacionales abandonaron el país o redujeron sus operaciones desde 2005. Algunas en el área de alimentos son Heinz, procesador de tomate; Parmalat; Cargill, planta de arroz; Gruma Foods; Food General Mills; Kraft; y Kellogg’s.
Desde octubre de 2016, las empresas de alimentos se ven obligadas a vender hasta el 50% de su producción al gobierno para CLAP, lo que afecta la distribución de estos productos y excluye a la gran mayoría de la población del sistema. Esta imposición inicial de vender hasta el 50% de la producción ha llegado a un 70% de hecho y se ha expandido para imponer cuotas a los productores primarios y los mercados municipales.
La industria de alimentos no está viviendo sus mejores tiempos en Venezuela. Tampoco los consumidores venezolanos. Aspectos tan importantes a nivel global y en América Latina como las mejoras en el etiquetado y la regulación de la publicidad no pueden fluir con naturalidad en Venezuela. Se sigue trabajando en mejoras en el etiquetado nutricional, pero prioridades como no cerrar operaciones se anteponen a estos altos fines. Con respecto a la regulación publicitaria ha funcionado la autoregulación, pero también, la inversión en publicidad se ha reducido ostensiblemente dada la situación económica, y una regulación oficial aún no ha llegado a sumarse a la cantidad de regulaciones impuestas de otro tipo. No ha sido necesario considerar impuestos a las bebidas azucaradas y refrescos, pues de facto, el azúcar es uno de los rubros más escasos. De acuerdo a FEDEAGRO, la caída en la producción es de 62% en los últimos nueve años: en 2017 se cosecharon 3.700.000 toneladas de 9.690.791 toneladas que había producido en 2008. Debido a que la distribución de azúcar a la industria de alimentos y bebidas y a los distribuidores está controlada por el gobierno, Coca-Cola Venezuela enfrenta regularmente problemas en el acceso al suministro de azúcar, por lo que desde 2016 Coca-Cola Femsa decidió ajustar su portafolio de productos de bebidas calóricas a bebidas no calóricas. Estas no fueron razones de salud.
Continuaremos contrastando los valores alimentarios de Venezuela con los esbozados en el artículo de Food Technology, en la próxima entrega.
María Soledad Tapia
Maria.tapia@5aldia.org.ve
Foto: Composición:
- Personas muestran números escritos en sus brazos con el orden en el que deben ingresar en el supermercado estatal Bicentenario en Maracaibo/People show numbers written on their arms with the order they should enter at the state-run Bicentenario supermarket in Maracaibo/
- Planta de alimentos Kellogg´s en Venezuela
- Consumidores en fila en un supermercado estatal Bicentenario en Caracas, Mayo 2, 2014/Consumers lined up at a the state-run Bicentenario supermarket in Caracas, May 2, 2014
- Semáforo nutricional
4 Comentarios
Jose Luis Quintero
Es excelente la respuesta y desesperante la situación. Hace unos meses cuando todavía me atrevía a ejercer la medicina constataba todos los días en la consulta prenatal de Petare como las embarazadas disminuían de peso mes tras mes. La agresión genocida la sienten los venezolanos antes de nacer y los delincuentes que la perpetran siguen gobernando. Saludos cordiales.
Mirador Salud
José Luis. Se entiende tu desesperación sobre todo por palpar en primera persona la tragedia de la salud y la nutrición en Venezuela. Es aplastante. Pero hay que seguir ayudando a quienes podamos, cada uno desde su campo de acción y competencia. Gracias y haz que tu vocación de servicio se erija sobre la miseria, oh difícil tarea.
Lirio
Excelente artículo por cuanto se convierte en una denuncia de una de las tantas atrocidades que en Vzla se están imponiendo a los ciudadanos. Aquí no se respeta ese derecho humano primario como lo es la alimentación, las preferencias de los consumidores y su demanda de acuerdo a gusto, precio, cantidad, etc., y el deber ineludible del Estado de garantizar la seguridad alimentaria del pueblo. En este país, sencillamente hay mucha gente con hambre, desnutrición que causa la muerte de niños, ancianos, enfermos, etc. ¿Cuántas comisiones más se necesitan enviar para verificar lo evidente, confirmado y denunciado? Quienes ostentan el poder a lo largo y ancho del mundo deben estar enterados y no permanecer indiferente ante este especial holocausto del Siglo XXI. Es así.
Mirador Salud
Gracias Lirio. En efecto. Nuestra situación es muy triste. Por ello hay que generar datos y seguir denunciando, documentando, haciendo trabajo de campo, leyendo mucho, investigando, de manera de registrar nuestra tragedia.
¡Pobre consumidor venezolano, tan cerca de un subsuelo rebosante de petróleo, y tan lejos del cielo!!